Resistente y exacta, la pizarra representa lo que Santana Lorenzo Abogados ofrece en un procedimiento penal: serenidad y precisión.
«En un procedimiento penal, la primera decisión suele ser la que más pesa.»
El derecho penal se juega en los primeros días: qué se declara y qué no, qué documentación se entrega, cómo se responde a una detención, a un registro o a una citación. Quien llega tarde a esas decisiones llega tarde a todo el procedimiento. Por eso intervenimos desde el primer momento, desde la primera detención, citación o noticia de una denuncia o querella, o de una inspección que puede derivar en delito fiscal, y acompañamos al cliente en cada declaración, en cada diligencia y en el juicio.
Actuamos como defensa y como acusación particular en todo tipo de asuntos penales, ante juzgados de instrucción, audiencias provinciales, la Audiencia Nacional y el Tribunal Supremo. Una de nuestras especialidades es la persecución de los delitos informáticos, los fraudes con criptoactivos y las estafas cometidas con inteligencia artificial. Nuestra socia fundadora y directora, Margarita Santana, es una penalista reconocida que ha intervenido en algunos de los litigios más relevantes del país en los últimos años. Y, para la persona jurídica, diseñamos y auditamos los modelos de prevención que permiten alegar la eximente del artículo 31 bis del Código Penal cuando el riesgo se materializa.
Fraudes con criptoactivos, delitos informáticos y estafas con IA
Es una de nuestras especialidades. Perseguimos estos delitos en nombre de las víctimas, empresas y particulares: estafas con criptomonedas e inversiones falsas, suplantaciones de identidad y fraudes del CEO, accesos ilícitos a sistemas y engaños fabricados con inteligencia artificial. Actuamos deprisa, con peritos tecnológicos, porque en esta materia la prueba digital decide el pleito.
Defensa penal
Delito fiscal y contra la Seguridad Social, estafa y apropiación indebida, administración desleal, insolvencia punible, falsedades, delitos societarios y contra el mercado, y cualquier otro delito que afecte a empresas, directivos o particulares.
Acusación particular
Ejercicio de la acción penal para empresas y particulares perjudicados, con reclamación de la responsabilidad civil.
Blanqueo de capitales
Defensa en procedimientos complejos, con pericial económica integrada en la estrategia.
Detenciones, registros e investigaciones internas
Asistencia inmediata, protocolo de actuación y due diligence penal previa a operaciones corporativas.
Compliance penal y tributario
Diseño, implantación y auditoría de modelos de prevención, canal de denuncias y defensa de la persona jurídica.
Compliance en centros educativos
Un colegio es una organización y, como tal, puede responder penalmente de determinados delitos cometidos por sus directivos o empleados. Un modelo de prevención adecuado y eficaz es lo que puede eximirle de esa responsabilidad o atenuarla (artículo 31 bis del Código Penal). Diseñamos e implantamos en los centros educativos modelos de prevención de delitos a su medida: mapa de riesgos penales, protocolos de prevención y actuación, canal interno de información conforme a la Ley 2/2023, órgano de cumplimiento y formación de equipos directivos y docentes. En ese modelo integramos también las obligaciones propias de quien tiene a su cargo menores, como los protocolos y el coordinador de bienestar y protección que exige la Ley Orgánica 8/2021, y los riesgos que traen las redes y la inteligencia artificial.
Santana Lorenzo Abogados forma parte de la red de colaboradores estratégicos de CICAE – Asociación de Colegios Privados e Independientes, con la que suscribió en 2025 un acuerdo marco de colaboración, para asesorar a sus centros asociados e implantar en ellos el compliance, con el fin de aportar valor a la comunidad educativa. En virtud de ese acuerdo, imparte formación certificada a los equipos de los centros y ofrece a los asociados condiciones preferentes.
Compliance en centros educativos: responsabilidad del colegio, protocolos y canal de denuncias
Cómo trabajamos
Estudiamos el asunto antes de que el cliente declare, no después. Fijamos una estrategia por escrito, la contrastamos con la jurisprudencia reciente y la mantenemos coherente desde la instrucción hasta el juicio oral y los recursos. El cliente sabe en cada momento quién lleva su asunto y qué va a pasar en la siguiente diligencia.