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LA LETRA PEQUEÑA

N.º 1 · Jueves, 19 de noviembre de 2026Fiscal y tributarioPor Sara Ayuso Langa
Manos tecleando en el ordenador de un negocio
Foto: Shoper / Unsplash
Inspección de Hacienda

El inspector ya puede pedirle la contraseña. La pregunta es qué más le va a pedir

Esta semana los titulares decían que el Tribunal Supremo permite a Hacienda exigir las claves de los programas de facturación a pymes y autónomos. Varios clientes me han escrito alarmados. Les he contestado a todos lo mismo: la noticia es cierta, pero cuenta la mitad que menos importa. La otra mitad, la que de verdad afecta a quien tiene un negocio, no sale en ningún titular. Por eso estreno con ella esta serie.

Lo que no era noticia

La facultad que el Supremo ha confirmado no es nueva. Está en el artículo 14 del Reglamento de los sistemas informáticos de facturación (el «Reglamento Verifactu», Real Decreto 1007/2023) desde diciembre de 2023. Y antes de eso, la Ley General Tributaria ya permitía a la Inspección examinar los archivos informáticos de cualquier empresa (artículo 142). Lo único que ha pasado el 4 de noviembre es que el recurso de los asesores fiscales contra ese artículo no ha prosperado.

Era difícil que prosperase. El Reglamento no inventa un poder; le pone nombre y apellidos a uno que ya existía. Si su programa de facturación es el libro de ventas de su empresa, el inspector siempre ha podido pedir el libro de ventas. Que ahora el libro tenga contraseña no cambia la regla.

Así que la pregunta interesante no es si Hacienda puede pedirle la clave del programa. Puede. La pregunta es qué más va a pedirle una vez esté delante de su ordenador.

La verdadera frontera no está en el programa, está en el ordenador

Mientras la prensa miraba al Supremo, la batalla de verdad se estaba librando en sitios con menos foco.

El propio Supremo dijo en 2023 (sentencia 1207/2023, de 29 de septiembre) que el contenido de un ordenador tiene una protección propia, esté donde esté el ordenador: puede haber dentro correos, datos personales, cosas de la vida privada de quien lo usa. Para entrar ahí hace falta consentimiento o un juez.

En septiembre de este año, la Audiencia Nacional (sentencia de 26 de septiembre de 2026) anuló una sanción por obstrucción impuesta a una empresa que, cuando la Inspección se presentó sin autorización judicial y quiso examinar los ordenadores de la oficina, dijo que no. Para la Audiencia, esa negativa era el ejercicio de un derecho, y castigarla era represaliar a quien lo ejerce.

Y tres meses antes, en junio, el Tribunal Económico-Administrativo Central había confirmado una sanción de más de medio millón de euros a otra empresa por lo mismo: negarse a facilitar el acceso a sus equipos.

Dos órganos, dos resultados opuestos, la misma pregunta. El Supremo tiene ahora varios recursos pendientes para zanjarla: si hace falta un juez para mirar un ordenador que no está en un domicilio protegido, qué vale como consentimiento y cuándo puede sancionarse a quien se niega. Esa sí va a ser la sentencia importante. La de esta semana solo ha despejado el camino hasta la puerta.

Tres cosas que la noticia no le dice

  1. El programa que elija decide cuánto va a tener que enseñar. El Reglamento exige que el sistema separe la información de facturación del resto de datos, de modo que el inspector pueda consultar lo primero sin tocar lo segundo. En la práctica, eso significa que hay programas que permiten dar un acceso de solo lectura a las facturas, y programas en los que para enseñar las facturas hay que abrir todo el ordenador. Con el primero, usted cumple y protege el resto. Con el segundo, cada visita es un problema. Es una decisión de compra, no de abogado, pero conviene tomarla sabiendo esto.
  2. La trampa es el consentimiento. La sentencia del Supremo dice que todo lo que no sean los registros de facturación sigue necesitando consentimiento o autorización judicial. Pero el consentimiento se presta en segundos, en el mostrador, y normalmente lo presta quien está allí: el encargado de la gasolinera, la administrativa de la oficina, el hijo que lleva la tienda esa mañana. Un «sí, mire lo que quiera» dicho con los nervios es muy difícil de discutir después, y el Supremo ya ha dicho que solo vale si quien lo da sabe que puede negarse. Lo que su empresa necesita no es saber qué dice la ley; es que la persona que abre la puerta sepa qué contestar.
  3. Negarse no siempre sale gratis, ni siempre sale caro. La diferencia entre la empresa a la que anularon la sanción y aquella a la que le confirmaron una de medio millón no está en la ley, está en cómo se negaron y a qué. Negarse a abrir el programa de facturación es obstrucción: no lo haga. Negarse a que examinen el resto del ordenador sin autorización judicial es, hoy por hoy, un derecho, pero hay que ejercerlo bien: con calma, por escrito en la diligencia y ofreciendo lo que sí se puede dar. La frontera entre lo uno y lo otro es exactamente donde se gana o se pierde.

Y mientras tanto, el calendario

Y aquí viene otra letra pequeña que la noticia tampoco cuenta. Hay dos obligaciones distintas que se suelen confundir, con dos calendarios distintos. La sentencia del Supremo va de la primera.

Reglamento Verifactu (RD 1007/2023)Factura electrónica entre empresas (RD 238/2026 y Orden HAC/1028/2026)
ObjetivoEvitar el fraude fiscal garantizando registros inalterables, encadenados y con código QR.Digitalizar las operaciones comerciales y combatir la morosidad entre empresas.
A quién afectaA todas las facturas emitidas con un programa informático, incluidos los tiques y las facturas simplificadas a particulares.Solo a las facturas entre empresarios y profesionales, en formato estructurado (no vale un PDF).
Entrada en vigor1 de enero de 2027 (sociedades) y 1 de julio de 2027 (autónomos y resto), con previsión anunciada por Hacienda de aplazarlo a octubre de 2028, todavía sin norma publicada.6 de octubre de 2027 (facturación superior a 8 millones de euros) y 6 de octubre de 2028 (resto de empresas y autónomos). Fechas firmes.

La razón del lío es sencilla: Hacienda quiere que las dos obligaciones lleguen a la vez, en octubre de 2028, para que las empresas cambien de sistema una sola vez. Por eso anunció el aplazamiento de Verifactu. Pero al día siguiente del anuncio se disolvieron las Cortes y se convocaron elecciones para el 29 de noviembre, y a fecha de este artículo la norma que haga realidad ese aplazamiento no se ha publicado.

Es decir: para Verifactu, la fecha que obliga sigue siendo la de 2027; la de 2028 es, por ahora, una intención. Lo más probable es que acabe aprobándose, pero quien decida esperar lo hace confiando en un anuncio, no en una ley. Y una cosa no cambia con ningún aplazamiento: usar un programa que no cumpla cuesta hasta 50.000 euros por ejercicio, y después de esta sentencia comprobar si cumple ya no es un trámite de papeles, sino algo que el inspector puede hacer en el mostrador.

Lo que pida a su proveedor es sencillo: la declaración responsable del programa (el documento con el que el fabricante asume ante usted y ante Hacienda que cumple) y una respuesta clara a una pregunta: si viene un inspector, ¿puedo enseñarle solo las facturas?

Lo que le diría a un cliente

Si viene un inspector y le pide la contraseña del programa de facturación, désela. Si le pide cualquier otra cosa, no diga ni sí ni no: diga que llama a su abogado, y llámele. Que esa frase la sepa todo el que pueda estar en el mostrador cuando llamen a la puerta, no solo usted. Y por supuesto, elija el programa pensando en ese día. El Supremo no ha dado a Hacienda una llave maestra, solo la llave de una habitación. Que en su empresa esa habitación esté bien separada del resto de la casa.

Sara Ayuso LangaSocia · Santana Lorenzo Abogados

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